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Castilla y León cuenta desde ayer con una normativa más rígida en materia de vivienda protegida. Las descalificaciones que permitían hasta ahora en todos los casos, salvo aquellos en los que la protección era máxima, la venta en el mercado libre de casas y pisos construidos con apoyo público se han terminado. «No se descalificará ninguna, salvo contadísimas excepciones muy argumentadas, hasta que pasen 30 años», explicó ayer la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, al término de la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó el nuevo decreto. Esta protección a lo largo de tres décadas regía ahora únicamente para las viviendas dirigidas a los colectivos más necesitados, conocidas popularmente como sociales.

La modificación coincide en el tiempo con la alarma social que ha causado la situación del ex concejal del PP de Arroyo, titular de dos VPO en las que no residía al contar con otro chalé y dos pisos más, aunque Ruiz la desvinculó de este caso. «Llevamos trabajando en esta normativa desde primeros de año», subrayó.

El decreto dota a la Administración de otros dos instrumentos de control que desde la Junta se presumen muy eficaces. La normativa obliga a los notarios y registradores a poner en conocimiento de la Junta cualquier venta de VPO e impone como requisito imprescindible para poder escriturarlas el visado o autorización de la Dirección General de Vivienda de esa compraventa. Este visado constata que el comprador cumple los requisitos para acceder a este tipo de viviendas, construidas para facilitar el acceso a un hogar a los colectivos con menor renta o más desfavorecidos, y fija el precio de la venta.