La asociación propone la simplificación del cumplimiento de las obligaciones documentales, así como un asesoramiento personalizado para un sector que aglutina el 75% del tejido empresarial. Plantea reducir el ámbito penal a conductas muy graves o reiteradas, derivando el resto de acciones hacia otros juzgados, como el de lo Social para definir las indemnizaciones.
ANEPA, la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, realiza un balance “positivo” en el décimo aniversario de la puesta en funcionamiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “A pesar de que seguimos a la cabeza de Europa en siniestralidad, la sociedad, las Administraciones, los agentes sociales, los empresarios y los propios trabajadores se han concienciado de la necesidad de la Prevención y se están llevando a cabo mejoras importantes”, explica Juan Carlos Bajo, presidente de la asociación.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 supuso un punto de inflexión en materia de prevención en España “ya que se sentaron las bases para su desarrollo y se puso de relieve la necesidad de reformar la situación tan preocupante que existía en nuestro tejido empresarial. Después de 10 años, hemos detectado sensibles mejoras, aunque debemos seguir en nuestra línea de concienciar a la sociedad de la tragedia de una mala gestión de la Prevención o, en muchos casos, su ausencia”, lamenta Bajo. En este sentido, la asociación recuerda la necesidad de implantar mejoras en cuatro líneas básicas:
1. Incentivar la cultura de la prevención con medidas encaminadas a la formación y la información de todos los actores que participan en la Prevención, desde las Administraciones Públicas (incluida la Fiscalía y los órganos judiciales) hasta los empresarios y los trabajadores.
2. Perfeccionar el marco normativo con el fin de dotarlo de las herramientas necesarias para adaptarse a la sociedad actual.
3. Integrar a las Pymes en la prevención, ya que suponen el 75% de las empresas existentes en España.
4. Definir el marco de las responsabilidades, tanto sociales como civiles o penales.
En España, los accidentes y las enfermedades profesionales suponen al año unos 12.000 millones de euros (un 1,75% del PIB español), de los que 1.500 millones corresponden a la pérdida de jornadas laborales y 5.000 millones son debidos a la cobertura de los riesgos profesionales mediante cotizaciones sociales. “La inversión necesaria para evitarlos, tanto por parte de las diferentes Administraciones como por parte de las propias empresas y los trabajadores, es pequeñísima en comparación con este valor, más si lo comparamos con el beneficio de la eliminación de muchos sufrimientos personales y familiares”, asegura Bajo.
La situación actual
El tejido empresarial nacional cuenta con importantes déficit que lastran el adecuado desarrollo de la Prevención. En este sentido, cabe destacar la relación directa que existe entre las malas condiciones laborales, la temporalidad de los empleos, la escasa formación preventiva (de empresarios y trabajadores) y los accidentes de trabajo.
La subcontratación, así como la debida información y formación a los trabajadores inmigrantes y la adecuación de los puestos de trabajo, son otros “problemas” que se han detectado desde ANEPA.
Propuestas
Desde ANEPA se han propuesto ya una serie de medidas encaminadas a mejorar la situación. En primer lugar se ha alertado de la necesidad de impulsar un plan específico de Prevención para las Pymes, que suponen el 75% del tejido empresarial, con medidas concretas como la simplificación del cumplimiento de las obligaciones documentales, fomentar acciones de asesoramiento por parte de las Administraciones Públicas con la colaboración de las Mutuas y de las Entidades Preventivas, establecer posibles medidas alternativas a las sanciones (cursos de formación, elaboración de programas preventivos…).
Entre las medidas que propone ANEPA podemos destacar:
• Reducir el ámbito penal a conductas muy graves o reiteradas, derivando el resto de acciones hacia otros juzgados, como el de lo Social para definir las indemnizaciones que deberán ser justificadas mediante el establecimiento de un baremo obligatorio previamente determinado.
• Desarrollar la negociación colectiva como fuente de la normativa preventiva.
• Profundizar en la extensión obligatoria de los recursos propios y en el carácter complementario de los servicios ajenos.
• Incidir en la reforma del mercado de la prevención.
• Incrementar la exigencia de formación del empresario y establecer un título público para el nivel superior, limitando la formación a distancia.
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