La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acusado a los notarios y registradores de la propiedad de apropiarse indebidamente de cerca de 93 millones de euros por cobros irregulares a los consumidores en las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010, según informa la asociación en un comunicado.
Esta es la principal conclusión extraída por la OCU tras analizar las facturas aportadas por los consumidores, de las que el 92% presentaban irregularidades en el cobro de los aranceles aplicados a las cancelaciones de hipotecas.
La OCU se ha dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía para que revise de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y a devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas.
La asociación denuncia que tanto notarios como registradores están incumpliendo la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca. Además, recuerda que existen varias resoluciones judiciales que avalan su aplicación.
Desde el cambio normativo de 2007, el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU asciende a 260 euros.
En cuanto al registrador, este debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a 'cero' cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%. El resultado son 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos minutables, da una cifra a lo sumo de 24 euros, no de 144 euros como denuncia la OCU.
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