El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto ha exigido al Gobierno que obligue a notarios y registradores de la propiedad de devolver los casi 400 millones de euros de aranceles ‘abusivos’ cobrados a los ciudadanos por cancelar sus hipotecas y que el Tribunal Supremo (TS) ha declarado ilegales.
Según consta en una pregunta escrita, el fallo del Supremo obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a los notarios y registradores para ‘exigirles que devuelvan más de 400 millones cobrados a cientos de miles de clientes cuando cancelaron sus hipotecas’.
La sentencia alega que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo con procesos eficaces su seguridad, salud y legítimos intereses económicos, según explica el diputado.
‘Los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar ni un minuto más la devolución de todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores’, se congratula Sisto.
Y es que, según el diputado, hasta el 25% de las actuaciones registrales están relacionadas con cancelaciones de hipotecas, lo que da cuenta de la magnitud de las cantidades cobradas. De hecho, sólo en 2010 notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida hasta 93 millones de euros por 372.042 cancelaciones.
Si eso se extrapola a todo el periodo en el que se han aplicado estos aranceles, entre diciembre de 2007 y mayo de 2012, la cifra se podría elevar hasta los 400 millones, a la luz de las más de 1,6 millones de hipotecas canceladas, según datos del INE.
Y es que, según Sixto, el decreto de Modificación de los Aranceles de Notarios y Registradores para la cancelación de hipotecas buscaba rebajar el coste de estos documentos, lo que llevó a los afectados a apelar al Tribunal Supremo y seguir aplicando las tasas sin rebaja.
Esto podía suponer que en lugar de los 70 euros máximos que debían cobrar los notarios por los aranceles (30,05 euros fijos independientemente de la cuantía del préstamo) y otros conceptos, una escritura de una decena de páginas podía acabar conllevando un desembolso de hasta 260 euros.
Por su parte, los registradores tenían que aplicar el arancel al capital pendiente de devolver y reducir el resultado en un 90%, añadiendo otros conceptos minutables para resultar en una cantidad d aproximadamente 25 euros, ‘y no 144 euros, como comprobó en su día la OCU’, alega el diputado.
Ante la sentencia del TS y estos comportamientos del colectivo de notarios y registradores, Sisto pregunta al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para que ‘devuelvan de inmediato a sus clientes todos los aranceles cobrados en demasía’ y para que el fallo judicial ‘se aplique también en el futuro a todo tipo de cancelación de hipotecas sin excepción alguna’.
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