El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, ha instado al Gobierno a abrir ya las negociaciones sobre la Ley Antidesahucios con todos los grupos políticos, y ha reiterado la apuesta del PSOE por modificar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento para abordar este asunto.
Después de la convalidación por parte del Pleno de la Cámara Baja del decreto Antidesahucios del Gobierno --que prevé una moratoria de dos años en las ejecuciones para familias que cumplan ciertos requisitos económicos y sociales--, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprometió a mejorar la normativa con las aportaciones de los grupos parlamentarios durante la tramitación del proyecto de ley.
De hecho, los 'populares' incluso aceptaron que se cite a comparecer a responsables de entidades financieras y asociaciones de afectados por los desahucios, si bien no se cerró ninguna fecha para sustanciar estas comparecencias, algo que los socialistas quieren que ocurra en enero, con el objetivo de poder incluir sus propuestas en las enmiendas parciales al proyecto.
No obstante, de momento no hay ninguna previsión al respecto, y el propio Gómez ha reconocido que ‘no hay, por parte del Gobierno, ninguna reunión prevista’, si bien confía en que ‘ese compromiso de negociación finalmente se lleve a la práctica’ y no sólo con el PSOE, sino ‘con todos los grupos parlamentarios’.
Con respecto al contenido de las propuestas que los socialistas pondrán encima de la mesa, Valeriano Gómez ha señalado que se basarán en los argumentos e ideas contenidos en la proposición de ley sobre Desahucios que se debatió hace pocas semanas en la Cámara baja.
En concreto, su iniciativa pasa por modificar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento, en particular en lo relativo a los intereses de demora --’No es posible que durante la ejecución hipotecaria, que puede durar unos dos años, la deuda prácticamente se duplique, haciendo imposible en la práctica que el deudor pueda pagar’-- y al precio de adjudicación.
A este respecto, el diputado ha señalado que el banco debe quedarse con la vivienda por un ‘valor de al menos el 80% de la hipoteca’ que concedió en su momento, siempre partiendo del valor de tasación inicial.
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