Constructoras y concesionarias reclaman el importe que emplearon en la construcción de autopistas deficitarias
El Ministerio de Fomento estudia un proyecto para constituir una sociedad de capital público que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según informaron en fuentes del sector.
El Departamento que dirige Ana Pastor habría alcanzado ya un acuerdo con los bancos españoles acreedores de estas autopistas, que estarían además dispuestos a realizar una inyección de financiación de 1.200 millones de euros.
En la actualidad, las vías suman un pasivo de 3.500 millones.
Las constructoras y concesionarias que actualmente tienen la titularidad de las autopistas reclaman a la Administración negociar este proyecto con el fin de que les abone los importes que emplearon en construir las vías, una vez que las traspasaran a la nueva sociedad.
Con este proyecto, que aún está en una ‘fase inicial’, Fomento y la banca buscan solucionar el problema de insolvencia que arrastran una decena de autopistas de peaje, de las que seis están en concurso de acreedores.
El sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones de los terrenos para construir las vías y el desplome del tráfico por la crisis constituyen las principales causas de sus equilibrios económico-financieros.
En concreto, según explicaron en dichas fuentes, el plan pasa por constituir una sociedad, con capital 100% público y dependiente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), entidad del grupo Fomento. Esta firma se quedaría con todas las acciones de las autopistas con problemas, inicialmente a coste cero, tan sólo asumiendo su deuda.
En paralelo, los bancos españoles, a los que las autopistas deben 2.300 millones, comprarían la deuda de 1.200 millones que las vías tienen con entidades extranjeras.
La banca pasaría a tener todo el pasivo (3.500 millones de euros) frente al Estado, con la mayor garantía que ello supone. Además, habrían ya aceptado inyectar financiación por 1.200 millones de euros más para afrontar las expropiaciones.
Toda la financiación tendría un tipo de interés del 3% y un plazo de amortización único a treinta años. Según dichas fuentes, no computaría en déficit porque la sociedad pública de autopistas generaría ingresos (cobro del peaje) y porque la Administración no rescata las vías, sino que se queda con las acciones de sus sociedades concesionarias.
El Gobierno estudia este proyecto toda vez que las dos líneas de ayudas que articuló para estas autopistas (la concesión de préstamos participativos y las cuentas de compensación) no se han hecho efectivas.
Las autopistas que actualmente presentan problemas son la decena de vías más 'jóvenes', cuya construcción coincidió con el 'boom' del precio del suelo y ahora sufren la caída de los tráficos. Media docena de ellas se han acogido ya al concurso de acreedores. Se trata de las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo.
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