UNANIMIDAD de Justicia, Partidos y Asociaciones en el cambio legislativo
ASOCIACIONES
TJUE considera ‘ilegal’ una legislación que en los últimos años ha llevado a 416.975 familias a ser demandadas de ejecución hipotecaria
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia, Paco Morote, se ha felicitado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria, y cree que obliga al Gobierno central a introducir ‘una serie de cambios en la legislación’.
Precisamente, Morote afirma que la PAH ya le ha hecho este trabajo de cambios legislativos al Gobierno central con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está en trámite parlamentario, y que propone la dación el pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la modificación de la ley hipotecaria para evitar los abusos.
El portavoz de la PAH murciana señala que esta ILP recoge ‘gran parte de lo que ahora mismo exige Europa al Gobierno central’, por lo que pide al Ejecutivo ‘que apruebe de inmediato esa ILP que, además, fue avalada por 1,5 millones de personas, que sea democrático y que se atenga a las consecuencias de una decisión contraria’.
Morote ha explicado que los integrantes de la Plataforma están ‘muy contentos’ ya que la sentencia les ‘da en gran parte la razón’ a todas las propuestas que han reivindicado desde su nacimiento en 2010’.
En este sentido, recuerda que, en la legislación española, el juez es ‘un mero tramitador, y actúa como si fuera un departamento de la administración’, de forma que la persona a la que se le ejecuta la hipoteca ‘está absolutamente indefensa y se le vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva’.
El juez, como ‘mero tramitador’, lo único que hace es ‘comunicar al afectado la ejecución hipotecaria y darle un plazo de 30 días para que, en ese periodo, pague la totalidad de la deuda pendiente y las costas del procedimiento’.
‘No hay ninguna posibilidad de que el juez paralice nada ni examine nada’, lamenta Morote, quien se refiere en concreto ‘a las cláusulas abusivas que contienen la inmensa mayoría de las hipotecas que se firman en España, y que no son objeto de análisis por parte de los magistrados’.
Critica que el banco lo que hace es ‘resolver un contrato por la vía de la fuerza, y hay una parte que está absolutamente indefensa y el juez no examina la validez de ese contrato’. Por ejemplo, explica que hay muchas ‘cláusulas suelo que tienen muchos bancos puestas en las hipotecas, o intereses de demora abusivos, o excesos en las costas judiciales’.
En este sentido, asevera que el juez ‘no revisa estos aspectos y simplemente da traslado al afectado de lo que dice el banco’. La única posibilidad que tendría el juez de paralizar el desahucio es que el afectado recurra y diga que el banco se ha equivocado y que él ha pagado, pero es algo ‘que no pasa’.
A partir de ahora, cree que los jueces tendrán que ‘revisar esos contratos’, y apuesta por introducir en la nueva ley ‘mecanismos de defensa de los afectados, y se tendrán que revisar las cláusulas que contienen esas hipotecas, y eliminar de esas hipotecas las cláusulas abusivas y sus consecuencias’.
Por ejemplo, Morote explica que si una persona está pagando intereses de más al banco como consecuencia de tener una cláusula abusiva, el juez ‘se verá obligado a determinar la cuantía de ese cobro de más y obligar al banco a que lo devuelva, bien reduciendo la cantidad de la deuda que se reclama o abonándoselo’.
El portavoz de la PAH reclama que esto sea de aplicación no sólo a los afectados por los desahucios, sino para cualquier persona que tenga una hipoteca, aunque no tenga problema para hacerle frente. Todo ciudadano podrá así revisar las cláusulas abusivas de su contrato y ‘pedir que se suspendan de inmediato’.
Morote explica que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) también habla de retroactividad. ‘Todas las personas están en su derecho ahora de reclamar, con carácter retroactivo la nulidad de los procedimientos y las indemnizaciones que procedan’, apunta Morote, quien afirma incluso que podría darse el caso de ciudadanos que recuperaran su vivienda, aunque habría que examinar cada caso ‘individualmente’.
Recuerda que se han desahuciado más de 400.000 familias en España desde el comienzo de la crisis, y en los tres primeros trimestres del 2012 se desahuciaron a 865 familias en la Región de Murcia. Pues bien, puntualiza que toda esta gente ‘han sido víctimas de un procedimiento arbitrario injusto, por lo que podrían pedir la nulidad de los mismos’.
‘La sentencia hace referencia hace referencia a normas que están en vigor a nivel europeo desde 1995, es decir, normas que ya estaban en vigor cuando los afectados firmaron sus hipotecas con los bancos, pero los procedimientos no se han atenido a esas circunstancias’, concluye.
ADICAE
La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros Adicae ha requerido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ‘la paralización inmediata y de oficio de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre préstamos con cláusulas suelo’.
Adicae hace esta petición después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
Por ello, advierte al Parlamento, a la banca y al Gobierno que ‘ya no hay excusas’ para reformar la Ley hipotecaria española. ‘La sentencia pone de manifiesto la necesidad inmediata de la moratoria a las ejecuciones que Adicae viene reclamando desde hace 3 años’, ha señalado la asociación en un comunicado.
Adicae ha insistido en que el TJUE considera ‘ilegal’ una legislación que en los últimos años ha llevado a 416.975 familias a ser demandadas de ejecución hipotecaria (entre 2007 y los nueve primeros meses de 2012) y a 216.418 al lanzamiento (desahucio) y expulsión de su vivienda (desde 2008). ‘En total, 633.393 familias víctimas directas de una legislación injusta, y millones expuestas a ella en la actualidad’, según los datos de la asociación.
La Plataforma Hipotecaria de Adicae ha recordado que ha tenido reuniones con los distintos grupos parlamentarios presentando alternativas como la paralización con carácter de urgencia del procedimiento de embargo de la vivienda durante al menos tres años, la facultad de los jueces de establecer un plan de pagos razonable o la anulación de la deuda perpetua por el principio de segunda oportunidad.
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