El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación del decreto sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005 para establecer nuevas líneas de actuaciones protegidas dirigidas a fomentar el arrendamiento de viviendas, adaptándose así a las nuevas directrices del Ministerio de Vivienda en esta materia.
El consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, explicó ayer de forma pormenorizada este decreto que no sólo traslada la normativa nacional sino que va "más allá" porque se implantan otras medidas para el fomento de alquiler de viviendas, nuevos baremos para la adquisición de viviendas públicas y, además, ayudas tanto para inquilinos como para propietarios.
Así, el decreto de Castilla-La Mancha contiene tres paquetes de medidas, La primera tiene que ver con la mejora de las condiciones para acceder a viviendas protegidas y se establecen nuevas y mejores condiciones.
El nuevo indicador de ingresos máximos familiares para acceder a viviendas protegidas (IPREM) se establece en 5.526 euros anuales. Con ello, una familia podrá acceder a una vivienda de precio tasado si sus ingresos anuales no superan en 7, 5 veces el IPREM; podrán acceder a vivienda en régimen general si no superan este indicador en 5,5 veces; y a una VPO en régimen especial si no exceden en 2, 5 veces el IPREM.
Como segunda medida de este paquete, se establece el incremento de los precios máximos de la vivienda protegida en consonancia con el incremento con el IPC, contemplándose un incremento de hasta el 4 por ciento, para llegar a un equilibrio entre un precio asequible para el comprador y rentable para el promotor. Como última medida, se establecen préstamos preferenciales a intereses más bajo que los de mercado para la adquisición de estas viviendas de precio tasado.
El segundo paquete tiene que ver con las actuaciones relacionadas con el fomento de alquiler de viviendas vacías, que se realizarán a cargo del Ministerio de Vivienda y que se aprueban en consonancia con el contenido del decreto nacional.
Se va a posibilitar que personas o entidades puedan acceder a ayudas para la compra de vivienda para cederlas en alquiler; se concederán ayudas al propietario de viviendas que se cedan en alquiler; y ayudas directas para el inquilino para facilitar el pago. En estos casos, el número de actuaciones se supedita al cupo que establezca el convenio que se materialice con el Ministerio de Vivienda.Entre otras cosas, se contemplan ayudas para el propietario de 6.000 euros para reformar la vivienda o contratar un seguro con el compromiso de alquiler durante varios años. Además, para evitar la picaresca, se establece que no se podrán alquilar entre familiares.
Por último, en un tercer paquete de medidas se incluyen las actuaciones para el fomento de la agilidad administrativa y la transparencia. Alejandro Gil anunció la creación de una Oficina Regional y en las Delegaciones provinciales de Alquiler y Vivienda, para dar fluidez a los arrendamientos de viviendas, garantizar el cumplimiento de las condiciones y requisitos y apoyo económico a los inquilinos.
Además, se creará un Registro de viviendas con protección pública, garantizándose el cumplimiento de las condiciones de uso y transmisión de viviendas con protección pública, y controlar que serán habitadas por familias necesitadas y no para especular.
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