Una empresa de capital público y privado construirá las viviendas
Una sociedad mixta, formada por empresas públicas y privadas, construirá 1.009 viviendas de protección oficial (VPO) en Sabadell en régimen de alquiler, con una inversión de 100 millones de euros en los próximos 10 años, según explicó ayer el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. La experiencia es pionera en España y forma parte de las nuevas iniciativas de las administraciones públicas para dar una respuesta a las crecientes dificultades de acceso de la población a la vivienda.
La empresa se llama SBD Lloguer Social SA y está participada en un 20% por Provasa (filial de la Caixa Sabadell); Vimusa (empresa municipal que aportará el suelo y gestionará la construcción), con un 40%; y Cevasa, compañía privada líder en alquiler de viviendas en España, con el 40%.
La apuesta por los diferentes tipos de vivienda de protección oficial marcó también ayer la jornada del salón Barcelona Meeting Point. La consejera de Fomento de Extremadura, Leonor Martínez, apuntó que la política de VPO, en sus diferentes variaciones, "sólo tiene éxito si es masiva". Martínez sustituye en el cargo a María Antonia Trujillo, actual ministra de Vivienda, que en la inauguración del salón expresó la voluntad del Gobierno de intervenir con decisión en el mercado con una gran inversión pública en VPO.
El director de Política de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Barnada, anunció en el mismo marco que el 37% de las nuevas viviendas que se construyan hasta el 2010 en la ciudad tendrán algún tipo de protección oficial. Y la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid aseguraron que en cuatro años se construirán 35.000 viviendas protegidas en esta ciudad.
Quejas de los promotores
Los anuncios de fuerte incremento de VPO preocupan a los promotores y constructores privados presentes en el salón, por dos motivos: por un lado, temen que hagan bajar los precios de forma brusca, y por otro, quieren entrar en estas promociones pero aseguran que con las condiciones actuales no es posible porque no es rentable, como explicó ayer Mario Sanz, director general de Sacresa, una de las mayores constructoras catalanas. Sanz advirtió de que sin el concurso de la empresa privada no será posible cumplir los compromisos electorales de vivienda social y explicó que se están negociando fórmulas con las diferentes administraciones para lograrlo.
"De momento se están encontrando ideas, pero pocas medidas", dijo.
Mientras tanto, los precios siguen al alza. Según un informe de idealista.com, la vivienda usada subió en Barcelona un 4,5% en el tercer trimestre del 2004, hasta una media de 3.743 euros por metro cuadrado. Por primera vez, los precios de los pisos de segunda mano en Barcelona superan a los de Madrid. En tres años, la vivienda usada se ha encarecido un 74% en la capital catalana.
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