El director general de la OCU, José María Múgica, lamentó que con esta medida del Gobierno se culmina un proceso en el que se prometía poner en marcha medidas liberalizadoras. "Poco a poco hemos visto que esas medidas se han convertido en todo lo contrario", apuntó y añadió que esta subida de las tarifas de un 4,48% no está justificada en un servicio público como es la electricidad.
Múgica también hizo referencia a la propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de penalizar con 1,3 céntimos cada uno de los kilovatios/hora (kWh) que los consumidores domésticos consuman por encima de los 650 kWh al mes. "Los consumidores cuando tienen frío tienen la ocurrencia de calentarse", ironizó.
El responsable de la OCU estimó que esta medida afectará más directamente a quienes utilicen mal la energía, aunque opinó que las "cantidades de penalización que se están barajando son totalmente desorbitadas".
En su opinión, esta subida no va acompañada de medidas para garantizar la calidad del servicio de las empresas eléctricas y evitar los apagones como el ocurrido en Canarias. "El Gobierno debería proteger a los consumidores pero sus medidas van encaminadas a mejorar las cuentas de resultados de las compañías", sentenció.
Por su parte, la UCE calificó en un comunicado de "abusiva" la subida de la electricidad y el gas que plantea el Ministerio, "incremento que no está justificado por el aumento o mejora de los servicios".
"Consideramos que el Gobierno debe fomentar la competencia en lugar de aumentar las tarifas, más aún teniendo en cuenta que el de la energía es un sector sin competencia real en el que unas pocas empresas se reparten el pastel", afirmó la organización.
Además, insistió en que las compañías eléctricas "continuamente piden subidas de precios no justificadas por la calidad del servicio ofrecido, prueba de ello son los constantes apagones y faltas de suministro, normalmente debidos a la falta de inversión en la distribución y a la antigüedad de muchas de las instalaciones".
Por último, la UCE consideró que las tarifas deben ir acompañadas de un exhaustivo plan de inversiones en instalaciones y suministro, que eviten los constantes apagones.
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