La Federación Andaluza de Asociaciones de Explotaciones Mineras (Faemi) criticó la política de la Junta en este sector y exigió al Gobierno andaluz la promulgación de normas legales que "reconozcan la actividad minera como propia del suelo no urbanizable" como forma de evitar problemas con las canteras como los registrados en Alhaurín de la Torre (Málaga).
Fuentes de Faemi, que se reunió ayer en Sevilla para analizar la situación del cierre de canteras en Andalucía, especialmente con el problema en Alhaurín, precisaron a Europa Press que "existe una clara y meridiana contradicción entre los objetivos que se marca la Junta para su desarrollo económico y su convergencia en niveles de renta con la UE, con las políticas que adopta a través de la normativa que se promulga".
"De esta forma, dice que quiere potenciar la actividad minera como forma de desarrollo económico, mientras que continuamente no sólo pone trabas a dicha actividad sino que la impide", agregó la federación, que lamentó que "factores mineros, medioambientales y urbanísticos se superponen y se contradicen".
Precisó que la Consejería de Medio Ambiente "continuamente está aprobando normas que impiden la explotación minera, como los planes de ordenación de los recursos naturales de los parques naturales, y está aplicando normas relativas a lugares de interés comunitario, zonas de especial protección para las aves y otras figuras de protección jurídico-ambiental, que son propuestas y aún no están en vigor pero que se aplican como sí lo estuviesen".
"Ello implica que continuamente se están adoptando decisiones que suponen el cierre de canteras, empresas y pérdida de oportunidades de negocio", denunciaron las canteras, que criticaron el hecho de que "la Comunidad andaluza sigue a la cola respecto al resto de comunidades autónomas, en cuanto a índice de convergencia con la UE, cuando la actividad minera contribuye a incrementar los niveles de renta y a la creación de empleo".
Recordó que la actividad minera "es uno de los objetivos perseguidos por la Comunidad andaluza, tanto para alcanzar el pleno empleo como para lograr la convergencia con los niveles de renta de la UE, y así se desprende del Estatuto de Autonomía, que establece que la minería, entre otras actividades económicas, es un objetivo básico de la Comunidad".
Lamentó que existan numerosas normas para el desarrollo de la minería "que están sin aprobar", como puede ser el decreto de formulación del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), resolución de la Junta sobre los Planes de Ordenación Territoriales Subregionales, el decreto de formulación del Plan de Desarrollo de la Industria Minera de Andalucía 2001-2006 o el decreto del Plan Económico Andalucía Siglo XXI.
También citó el Protocolo General firmado por Junta, sindicatos y Federación Andaluza de Municipios y Provincias para el desarrollo de actuaciones en la minería de áridos, rocas y minerales industriales, que está sin desarrollar, como el Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía, cuya elaboración por parte de la Consejería de Medio Ambiente está pendiente desde julio de 2003.
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