Los desalojos son fruto de los acuerdos alcanzados por el alcalde y los 'okupas' para que cumplan la orden judicial de abandono de las casas.
Trece familias han abandonado entre el miércoles y el jueves las viviendas de protección oficial del barrio de la Farfana de Osuna ocupadas ilegalmente desde hace una semana, aunque aún continúan ocupados 11 pisos de protección oficial pese a la orden judicial que ordena el desalojo voluntario de los inmuebles.
Según informó a Europa Press el alcalde del municipio, Marcos Quijada (IU), "ayer [por el miércoles] se fueron cinco y en la mañana de hoy [jueves] han abandonado otras ocho", número al que podrían sumarse más familias.
Quijada explicó que estos desalojos voluntarios son fruto de las reuniones que ha mantenido con los representantes de los okupas, a quienes planteó que "el listado es provisional y el plazo de reclamaciones está abierto para quien considere que se han vulnerado sus derechos". Asimismo, recordó que la Mesa Municipal de la Vivienda "está obligada a resolver todas las reclamaciones que se presenten" y confió en que el conflicto se solucione sin que se haga necesario un desalojo violento.
En esta línea, el regidor destacó la "importante apuesta" del gobierno municipal en política de vivienda y señaló que "se le ha solicitado a la Junta terrenos para la construcción de 42 VPO en régimen de alquiler, que estarán listas en un breve plazo de tiempo, además de otra promoción de 85 viviendas en régimen especial".
Del mismo modo, Quijada señaló que ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la Junta de Andalucía "para que se asignen a Osuna viviendas del programa de integración social".
Por otra parte, Policía Local y Guardia Civil mantienen un operativo conjunto en las inmediaciones de las viviendas para evitar altercados, aunque aseguraron a Europa Press que la situación está "tranquila".
Anteriormente ya se habían producido un par de desalojos voluntarios más, pero se incorporaron otros tantos ocupas. Una vez que se cumpla el plazo establecido judicialmente para abandonar las viviendas, el juez decidirá de nuevo si se actúa directamente o se les envía una última notificación.
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