La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, insistió ayer en que las CC.AA. tendrán que fijar el plazo de ejecución de la vivienda de protección, para la que se contempla una reserva mínima del 25% del suelo, en un plazo de nueve meses, transcurridos los cuales, si no han regulado sobre esta materia, ‘el Gobierno subsidiariamente entrará en la ejecución de la vivienda protegida’.
Trujillo mantuvo una reunión con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, para exponer al sindicato el contenido del Anteproyecto de la Ley de Suelo, tras la cual se refirió al 25% de reserva de suelo para vivienda protegida señalando que ‘es la primera vez que esta reserva se establece en una ley de suelo de ámbito estatal’. Además, insistió en que se trata de una reserva ‘básica y mínima’.
‘Nosotros coincidimos con la orientación general de la Ley de Suelo’, afirmó Méndez tras la reunión mantenida con Trujillo. El líder de UGT destacó que el Anteproyecto ‘va en la dirección correcta’ y ‘rompe con una lógica de explotación del suelo que tenía como marco legal la ley vigente, que lo que ha hecho es favorecer la especulación’.
No obstante, Méndez señaló como una de las grandes aportaciones del Anteproyecto ‘la necesidad de establecer en la ley una reserva de suelo para actividades productivas’. ‘Le damos a la ley de suelo una gran importancia porque tiene una directa relación con una reorientación del modelo de crecimiento económico de nuestro país’, añadió.
El líder sindical precisó que ‘hay una serie de elementos que inciden de forma muy importante en el modelo de crecimiento como reservar suelo para llevar a cabo actividades industriales que exigen un esfuerzo inversor que tiene una rentabilidad más sólida a medio plazo, frente a las inversiones empleadas en construcción’.
‘Ante un bien protegible, no renovable y escaso como es el suelo, era necesario plantear una renovación en el marco de legal en esta materia’, añadió, advirtiendo, no obstante, que el sindicato ‘aportará observaciones y elementos concretos que se ha de incorporar al texto’.
Méndez destacó también como puntos más positivos del texto el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos a ser oídos en temas de planificación del suelo o la incorporación de la dimensión medioambiental.
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