Los letrados de los colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) reclaman al Gobierno la ‘aprobación inmediata’ del estatuto profesional y de una normativa que regule la intermediación inmobiliaria.
Esta petición fue expuesta por estos profesionales ante el secretario general técnico del Ministerio de Vivienda, Javier García Fernández, en unas jornadas que se celebraron recientemente para analizar la situación del sector, informó el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
El representante del Ministerio de Vivienda reiteró que entre las prioridades de su departamento se encuentran la aprobación del nuevo estatuto de los Apis y la regulación de la intermediación inmobiliaria.
Los letrados de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria destacaron la ‘grave inseguridad jurídica que amenaza a los usuarios’ de la intermediación inmobiliaria desde que se liberalizó el sector en el año 2000.
Por ello, expresaron su satisfacción por la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en el Debate sobre el estado de la Nación, que insta al Gobierno a aprobar una reglamentación de garantías en este sector profesional.
Los abogados de los Apis recordaron que el Consejo General de sus colegios lleva reclamando esta regulación desde hace casi seis años y confiaron en que se apruebe en esta legislatura.
En el mismo ámbito de la protección del consumidor, los letrados también analizaron la necesidad de una ley reguladora del contrato de mediación inmobiliaria, a la vista de que este negocio jurídico ‘tan importante en la vida social y económica del país’ no está previsto en la legislación civil, y, por tanto, queda a expensas de la interpretación de los Tribunales de Justicia.
Estos profesionales emplazaron asimismo a sus colegios y al consejo general a estudiar fórmulas que permitan a estas corporaciones plantear acciones civiles en defensa de los consumidores frente a las cláusulas abusivas que se incluyen en los modelos de contratación que se utilizan frecuentemente en el sector.
Además, los letrados de los Apis abogaron por profesionalizar la tasación inmobiliaria y propusieron modificar la Ley General tributaria para aplicar en los procedimientos de designación de peritos el mismo régimen previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este régimen establece la prioridad de las listas de peritos colegiados frente a las listas de asociaciones privadas y otras entidades no colegiales.
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