Las promotoras sugirieron ayer reconsiderar los precios de venta de las viviendas de protección oficial (VPO) y la puesta a disposición del suelo para éstas por parte de empresas privadas como ‘única solución viable’ al problema planteado por sus costes de construcción, que igualan o superan los precios de venta.
En estas condiciones, consideran que ‘no se puede pedir a la iniciativa privada que las construya, pese a estar en disposición de hacerlo’, apuntaron en un comunicado la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (FADECO) y la Asociación de Constructores Promotores de Málaga.
Estos colectivos alertaron de que la obligación de reservar suelo para VPO -recogida por las legislaciones estatal y autonómica- puede tener ‘efectos perniciosos’ si no se instrumentan las ayudas económicas necesarias, ya que destinar amplias zonas a su construcción puede originar ‘vacíos urbanos y paralizar la actividad promotora’ en el caso de no materializarse por falta de presupuesto.
En este sentido, aclararon que una reserva obligatoria del treinta por ciento de suelo a este fin puede ‘poner en crisis al sector’ puesto que con las cifras actuales de producción representan 45.000 VPO al año en Andalucía y a unas ayudas como mínimo del orden de tres mil millones de euros al año.
Esta es una de las conclusiones planteadas tras la clausura de las III Jornadas Técnicas del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed) celebrado estos días en Málaga, informaron en un comunicado.
Por otra parte, señalaron la necesidad de efectuar un estudio de las necesidades del turismo residencial en España y en concreto en la comunidad autónoma andaluza por ‘el turismo de calidad que representa’.
Apuntaron a la necesidad de potenciar equipamientos, como el caso de los de ocio y, especialmente el caso de los campos de golf, sobre los que pidieron que ‘se evalúen sus consumos reales’ y que no se fomente la ‘idea constante’ de que son ‘contrarios al medio ambiente’.
Las promotoras critican en sus conclusiones las normativas vigentes en cuestiones urbanísticas tanto por parte de la Administración central como autonómica.
En el caso del anteproyecto de Ley de Suelo recientemente aprobado en el Congreso de Diputados, lo calificaron de ‘manifiestamente mejorable’ y aseguraron que ‘no parece aportar solución alguna para abaratar el suelo’.
En Andalucía, criticaron que la Junta busca ‘cada vez más’ una normativa ‘restrictiva, rígida y dictada sin consenso’, una tendencia que ‘debería corregirse para buscar soluciones compartidas por todos los afectados’.
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