La política de fomento de alquiler impulsada por el Gobierno en los dos últimos años ha permitido beneficiarse de las ayudas estatales al alquiler a más de 35.000 familias y jóvenes, según un informe presentado al Consejo de Ministros por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
Las ayudas a las que se refiere el informe se incluyen tanto en el Plan de Choque 2004 como en el Plan de Vivienda 2005-2008, actualmente en marcha, y han sido utilizadas en los dos años de la presente legislatura por tres veces más familias y jóvenes que en los dos ejercicios anteriores.
En el Plan de Choque el ministerio puso en marcha ayudas de hasta 6.000 euros para la rehabilitación de las viviendas que fueran puestas en el mercado de alquiler y otras destinadas a facilitar el acceso al alquiler a los inquilinos menores de 35 años de hasta 2.880 euros durante 24 meses.
Estas medidas se han visto complementadas y ampliadas con la aprobación del Plan de Vivienda 2005-2008, con el que se ha incrementado el número de viviendas de nueva construcción en alquiler, establecido ayudas para la rehabilitación y adquisición de vivienda usada para alquiler, y mejorado la regulación de las ayudas tanto para propietarios como para inquilinos para la movilización de viviendas vacías.
El presupuesto dedicado a la promoción del alquiler asciende a 3.193 millones de euros, el 53% del total de recursos contemplados en el Plan de Vivienda 2005-2008.
Junto a las medidas directas establecidas en el Plan de Choque y en el Plan de Vivienda 2005-2008, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), cuya función es ofrecer a los ciudadanos la vivienda desocupada existente, garantizar un contexto seguro para el alquiler, y buscar generar un cambio cultural sobre el alquiler como fórmula de acceso a la vivienda.
En los siete primeros meses de existencia, la SPA ha ofrecido a los ciudadanos 1.500 viviendas vacías, superando los objetivos establecidos para su primer año de existencia, y ha cerrado un total de 1.208 contratos.
Por otra parte, el informe pasa revista a las medidas promovidas por distintos ministerios, entre las que destacan la creación de las Oficinas de Señalamiento Inmediato para agilizar el proceso de desahucio de los inquilinos morosos y los incentivos fiscales para las empresas o instituciones de inversión, cuya actividad mayoritaria sea el arrendamiento de vivienda.
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