La nueva Ley del Suelo asegurará los requisitos mínimos para conseguir un desarrollo urbanístico y sostenible de calidad ambiental con cohesión social, señaló ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la presentación de la propuesta socialista 'Por una nueva Política Urbanística y del territorio'.
Así, se reforzarán las medidas disciplinarias de los ayuntamientos y se potenciarán las subsidiarias de las comunidades autónomas para que las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes o espacios protegidos sean detectadas lo antes posible y sean sancionadas con dureza.
‘Este anteproyecto no pretende ser una reforma más, sino una ley para el siglo XXI que renueve las bases del urbanismo español y responda a los problemas sociales y medioambientales de hoy en día; esto contribuirá a mantener la calidad de vida de los ciudadanos’, manifestó la titular de vivienda. Para ello, la ley potenciará la figura del Fiscal Especial con atribuciones en Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico creada por el Gobierno.
‘Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de un desarrollo sostenible y cada vez más reclaman la obligación de que las administraciones preserven los ecosistemas’, explicó, por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. ‘Hemos perdido suelos naturales muy valiosos por el avance imparable de la construcción de zonas residenciales, por lo que hay que controlar la gestión integral del suelo y, en concreto, el suelo del litoral’, continuó.
Entre las principales medidas integradas en la nueva política urbanística se encuentran también aumentar la transparencia y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de decisión sobre el desarrollo de su territorio; evitar la retención especulativa del suelo; garantizar la disponibilidad de suelo para la vivienda protegida necesaria; y conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo.
En este sentido, Trujillo se comprometió a realizar la reserva mínima del 25% del suelo residencial para vivienda protegida, ‘modulable por las comunidades autónomas’, y a incrementar la horquilla para la participación de la comunidad en las plusvalías, ‘que se fija entre el 5 y el 15% del total atribuido a la propiedad’.
Por su parte, la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, hizo especial hincapié en el compromiso conjunto que deben mantener el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este proyecto, puesto que ‘el actual modelo del PP, donde todo es urbanizable, es un fracaso y sólo ha logrado incrementar de manera espectacular los precios de las viviendas, además de aumentar los casos de especulación y corrupción’.
En cuanto a la responsabilidad de las CCAA, ésta debe ser ‘plena en la ordenación del territorio mediante la exigencia de planes territoriales supramunicipales que fijen criterios, orientaciones y límites al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal’, explicó la secretaria socialista. Además, deberán asegurar los compromisos de las diversas administraciones competentes con las infraestructuras, los servicios y las dotaciones imprescindibles ‘para que el crecimiento urbanístico contribuya a mejorar el bienestar de la población’, continuó.
Asimismo, los ayuntamientos deberán rehabilitar barrios degradados y centros históricos deteriorados a través de programas de intervención integral que incorporen dotaciones sociales, mejoras arquitectónicas, de accesibilidad y de seguridad. Será también importante, según el anteproyecto, la sostenibilidad territorial llevada a cabo por parte de los ayuntamientos para evitar la ocupación indiscriminada del territorio y se establezcan límites racionales al crecimiento urbano.
Copyright© 2007 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547
