El Gobierno ha decidido aplazar indefinidamente la reunión informal de ministros europeos de Vivienda que debía desarrollarse en Barcelona dentro de este semestre porque las dos fechas alternativas propuestas por España ‘no han sido suficientes’ para organizar la cumbre, según manifestó ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
La Cumbre europea de la Vivienda debía celebrarse en la capital catalana el pasado 15 de octubre, pero fue suspendida por el Gobierno ante el riesgo de incidentes por parte de colectivos pro-vivienda digna y la cercanía de las elecciones autonómicas. Las nuevas fechas propuestas por España eran a mediados de noviembre y el 19 de diciembre.
A preguntas de los periodistas, la ministra informó de la imposibilidad de organizar la cumbre en el segundo semestre del año --como estaba previsto--, aunque aseguró que ‘si España tiene la oportunidad de celebrar en el futuro una nueva reunión’ de estas características, ‘Barcelona será la ciudad donde se desarrolle’.
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió ayer, sobre el aplazamiento indefinido de la cumbre europea sobre vivienda en Barcelona, de que 'una ciudad o un país deben poder desarrollarse normalmente sin que pequeños grupos de presión puedan alterarlo', y avisó de una posible 'degradación del sistema' democrático con las ‘okupaciones’.
Lo dijo en rueda de prensa este mediodía al preguntársele por el anuncio hecho ayer mismo por la ministra de Vivienda, aunque el líder convergente admitió no estar aún al corriente de la noticia.
Artur Mas avisó de que 'la degradación del sistema se irá produciendo sistemáticamente' si no se aplica 'una idea clara' de que 'en democracia, la gente debe sentirse protegida' tanto por su propiedad privada como por el espacio público.
Mas no aludía sólo a los altercados que pudiera haber en la citada cumbre, sino también a la ‘okupación’ de este fin de semana de Can Ricart, en Barcelona, tras el reciente desalojo del local La Makabra.
Según él, la administración pública debe realizar 'un ejercicio no de autoritarismo, sino de autoridad', y no 'declaraciones bucólicas' como las que, según él, han hecho el alcalde Barcelona, Jordi Hereu (PSC), y el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, en vez de enviar 'un mensaje claro de tranquilidad y confianza a la ciudadanía' al decirles que la propiedad privada 'será respetada en cualquier caso', así como el espacio público.
Para ello, constató que la Constitución Española 'dice exactamente esto', y los poderes públicos deben garantizarlo. Mas admitió que los ‘okupas’ 'pueden tener sus razones', pero no pueden ‘okupar’.
Mas dijo, sobre Carod, que 'uno que se hace llamar vicepresidente del Gobierno y que dice que habla en nombre del Gobierno debería lanzar un mensaje más claro a la ciudadanía' en vez de proponer una solución pactada, como hizo hoy. 'Además de proponer soluciones pactadas, *debe respetarse o no la propiedad de la gente? ', se preguntó, y alertó de que la Generalitat puede perder la 'confianza' de la gente.
El líder convergente también criticó a Hereu: 'El alcalde dice hoy, por ejemplo, que el tema de la propiedad privada y de su respeto es un tema que a él no le interesa', lo que juzgó 'absolutamente escandaloso'. De hecho, reprochó al Ayuntamiento que se haya limitado a 'una reacción tan light'.
Para Artur Mas, 'es un hecho insólito que los Mossos vayan acompañando a estos `okupas ‘hasta que pueden ocupar ilegalmente’ Can Ricart, en alusión a los hechos de este fin de semana.
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