Una de cada cuatro familias de la ciudad de Barcelona, precisamente el colectivo con los ingresos más bajos, debe destinar la renta íntegra de 24 años para poder comprarse un piso, mientras que entre los que tienen ingresos medios, el esfuerzo supone invertir el sueldo total de siete años.
Estos son algunos de los resultados que arroja el Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, informe encargado por el Ayuntamiento de al catedrático de Política Económica y Estructura Mundial Económica de la Universitat de Barcelona, Anton Costas. El acto de presentación del estudio estuvo presidido por el alcalde Jordi Hereu.
La renta de estas familias con los ingresos más bajos --el 25% de los barceloneses-- no supera los 10.000 euros anuales, lo que traducido a un salario supone menos de 6.000 euros, por lo que sus miembros ‘no llegan a ser ni 'mileuristas'‘, según Costas.
Este colectivo debe enfrentarse con múltiples dificultades, ya que en los últimos años, ‘han aumentado mucho más los precios de compra y los alquileres de las viviendas inicialmente más económicas’, a las que supuestamente podrían acceder estas familias, apuntó.
De esta manera, estas familias, uno de cada cuatro barceloneses, no disponen de suficientes ingresos para acceder a un piso de mercado libre ni tampoco uno protegido de compra o de alquiler, algo que recientemente ya advirtió la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla.
El precio asequible para comprar o alquilar un piso es aquella inversión que no supera el 35% de la renta familiar. El estudio señala que el precio asumible para que una familia de bajos ingresos pueda adquirir un piso es de 70.000 euros, mientras que actualmente el precio de un piso protegido alcanza los 97.000 euros.
En el caso del alquiler, las expectativas son también poco alentadoras. El precio asequible de alquiler para una de cada cuatro familias de Barcelona, las de menos ingresos, es de 270 euros mensuales, frente a los 293 euros del alquiler de un piso protegido y los 513 del alquiler usual de un piso protegido.
Costas aseguró que el instrumento más potente para ayudar a la compra de un piso son las deducciones del IRPF, pero ‘las familias con renta media y baja no tienen suficientes ingresos para deducir’, por lo que este tipo de medidas no les benefician.
Ante esta situación, planteó que una posible solución sería que las administraciones públicas entregaran un cheque fiscal --una ayuda económica directa-- a las familias de rentas más bajas para poder afrontar el coste de la vivienda, señaló.
El informe también alerta de que Barcelona requerirá 33.000 nuevos pisos antes de 2016. Hasta esta fecha, se requerirán entre 70.000 y 90.000 pisos, pero el potencial nuevo de vivienda, derivado de las reformas urbanísticas, sólo puede ofrecer 57.000 viviendas.
Costas aseguró que la solución pasa por impulsar la rehabilitación de pisos. El principal motivo de esta necesidad de pisos es que ‘cada vez los jóvenes requerirán de pisos para vivir solos, sin pareja’, y que ‘ya se ha producido un incremento de la demanda de viviendas de personas que se han separado de la pareja’, explicó.
Además, la tendencia es que los ancianos de Barcelona tienen cada vez la necesidad de vivir de forma autónoma, es decir quedarse en su piso sin tener que ir a una residencia, aseguró Costas, quien la principal demanda es el de pisos de menos metros cuadrados.
El informe señala que las viviendas de los ancianos pueden suponer un parque potencial de pisos sustituibles en el futuro. Mientras, para este colectivo, Costas propone las posibilidades de la hipoteca inversa, hipotecar el piso para sufragar los gastos de la vejez y la dependencia.
Sin embargo, abogó por que desde los poderes públicos ‘se les dé garantías y confianza para que puedan usar su patrimonio sin temor a quedarse sin su propiedad’, ya que los ancianos ‘tienen más confianza en las administraciones que en el poder financiero’, apuntó.
Una de las sorpresas del informe es que, contrariamente a lo que se cree, dos de cada tres barceloneses que cambian de vivienda se quedan en la ciudad, por lo que la capital catalana no expulsa de forma masiva a sus habitantes hacia el área metropolitana.
Del 70% de barceloneses que han cambiado de piso, el 43% opta por quedarse en el mismo barrio, mientras que el resto opta por ir a otras zonas de la ciudad, señaló Costas, quien aseguró que ‘el barrio les tira mucho’.
El otro 30% de ciudadanos que vivían en Barcelona opta por buscar piso en la segunda corona metropolitana pero ‘más por una decisión propia’, que ‘por necesidad’, ya que ‘los pisos a los que acceden son igual de caros que en Barcelona.
Ante estos datos, no demasiado optimistas, el alcalde Jordi Hereu, aseguró que el Ayuntamiento está creando vivienda protegida de alquiler, especialmente para jóvenes y ancianos, y señaló que el peso del alquiler ‘va ganando peso’.
‘Tenemos un reto pendiente que es encontrar soluciones a los segmentos sociales que están alejados de la posibilidad de poder acceder a un piso’, según Hereu, quien aseguró que todo ello ‘implica impulsar la construcción de vivienda protegida’.
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