Según la revista CENTROS COMERCIALES, de la AECC, Asociación Española de Centros Comerciales, que representa en nuestro país a más de 450 empresas y profesionales, la actual situación del mercado español, que se encuentra roto por las diferentes legislaciones comerciales de cada autonomía, perjudica gravemente los intereses tanto del consumidor como del sector de la distribución.
La Unión Europea, en su pretensión por armonizar las políticas económicas de los países miembros y cumplir así los compromisos de la Agenda de Lisboa (que tratan de situar a la UE en la vanguardia de la economía mundial en torno a 2010) se encuentra con un obstáculo al abordar la situación de España. Los propios inspectores de la Comisión Europea, que intentan dilucidar si las normativas españolas cumplen con los requerimientos comunitarios, se quejan de la descoordinación entre las diferentes autoridades competentes.
Ante la reciente aprobación de las directivas europeas que abogan por la eliminación de ‘barreras artificiales’ para incrementar la liberalización de los servicios en el mercado interior, España se encuentra ante su realidad, diecisiete autonomías, cada una con sus competencias y legislaciones en la materia.
Legislación
La Ley de Comercio de 1996 pretendía establecer unas reglas en el sector de la distribución además de constituirse como base para la modernización de las estructuras comerciales españolas, todo esto contribuyendo al mantenimiento de la libre y leal competencia cuyos efectos más inmediatos se materializarían en una mejora continuada de los precios, la calidad y demás condiciones de la oferta y servicio a los consumidores. Pero con la transferencia de las competencias en comercio a las comunidades autónomas la principal consecuencia fue la proliferación de numerosas normativas, mayoritariamente favorables a las restricciones y que impedían la liberalización del sector. En referencia a la Ley de Horarios Comerciales de 2004, que debería haber servido para unificar en el marco estatal estas cuestiones, resulta que el empresario se encuentra con una referencia legislativa que será de aplicación únicamente cuando las autonomías no desarrollen sus propias normas. Actualmente las comunidades pueden decidir cuántos festivos al año pueden abrir los comercios, el límite máximo de horario global y qué tipo de establecimientos se acogen al régimen especial de horarios.
Desde 1996, cada autonomía fue elaborando su propia normativa comercial, si se suman todos los niveles legislativos, algunos expertos calculan que el proceso dio lugar a la acumulación de más de 4.600 normas entre el Estado y el conjunto de las autonomías.
Ante estas tensiones, el Tribunal de Defensa de la Competencia elaboró un informe sobre las condiciones en el sector de la distribución comercial en 2003. El tribunal arremetía contra las comunidades al considerar que éstas ‘hayan aprovechado la competencia legislativa recibida en comercio interior para aprobar normas cada vez más restrictivas […] lo que incluye el establecimiento de moratorias a este respecto y la imposición de cuotas máximas en el mercado como forma de proteger la competencia, olvidando que las barreras legales de entrada impiden el desarrollo de la libre competencia’. Además reclamaba una mayor libertad de horarios comerciales al considerar que favorecería la modernización del sector, el fomento de la inversión y el empleo, e incrementaría el bienestar del consumidor. Recomendaba una modificación de la legislación de las comunidades en materia de comercio y la eliminación de aspectos como el empleo de cuotas máximas en el mercado, la moratoria y la exigencia de estudios de viabilidad, entre otros. Las conclusiones de este informe no son vinculantes para las administraciones autonómicas, aunque sí constituyen un referente de primer orden para que Gobierno y regiones clarifiquen y desarrollen una norma más flexible.
El Fondo Monetario Internacional argumenta que las barreras impuestas al sector debilitan la competencia, frenan la inversión, impiden la entrada de operadores más eficientes, rompen la unidad de mercado, provocan inseguridad jurídica y lesionan gravemente los intereses del consumidor.
Futuro
La legislación en materia comercial habría de adaptarse a una nueva sociedad que consume de una manera diferente. El futuro del comercio tradicional está muy unido al de los Centros Comerciales. Los analistas apelan a la complementariedad entre ambos estilos de comercio como método de entendimiento entre los dos frentes que han surgido no sólo en el mercado, sino también en la política. En medio de toda la pugna desatada se encuentran las necesidades del consumidor.
Los progresos económicos conseguidos en la Unión Europea gracias a la armonización de las políticas comerciales de los Estados miembros, conducen a pensar que si esto ha funcionado para un artificio de países (aparentemente sin ningún vínculo tradicional), no debería ser España, mediante la desarticulación de su mercado interno, quien rompa la marcada tendencia de progreso económico que, desde hace años, reina en Europa.
Con la llegada de las directivas europeas y su transposición a las legislaciones estatal, autonómica y municipal las distintas administraciones tendrán que avanzar hacia la liberalización del sector comercial.
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