La obligatoriedad de este seguro ha supuesto un lavado de imagen para las promotoras y constructoras, lo que también favorece a los compradores.
A pesar de que retrasa la venta, los promotores lo valoran positivamente.
No basta con ofrecer un piso. Para los compradores también es fundamental que su vivienda esté exenta de riesgos. Y éso es lo que asegura la Ley de Ordenación de Edificación (LOE) que, desde mayo de 2000, obliga a promotores y constructores a firmar un seguro que certifique al propietario de una vivienda nueva el resarcimiento de cualquier defecto estructural en su edificio durante los 10 primeros años, a partir del final de las obras.
«Su contratación exige un proceso largo y complejo que perjudica a los promotores, ya que la venta de sus pisos se retrasa y se encarece alrededor de un 1%», según José Dones, secretario general en Girona de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
La operación firma de seguro comienza con una colaboración entre promotor, profesionales de la construcción y un Organismo de Control Técnico (OCT) encargado de supervisar el buen funcionamiento de la obra. «Comprobamos que la calidad del inmueble se ajusta a lo que exige la aseguradora, revisamos el proyecto, visitamos las obras y realizamos un informe geotécnico», explica Santiago Parras, gerente de la Asociación de Organismos de Control Técnico Independientes (AOCTI). Posteriormente, el OCT redacta y entrega el documento a la entidad aseguradora.
Y, en función del informe, «se determinan las condiciones y la posible firma del seguro», dice Antonio Ariza, director del departamento de ingeniería de Mapfre Industrial. En el caso de que exista cualquier situación anómala se establece una reserva técnica y un plazo para la corrección de errores.
«Insuficiencia en informes geotécnicos, ausencia de planos y modificación de las obras sin consentimiento previo de los OCT» son los principales inconvenientes con los que se encuentran las promotoras para contratar un seguro de garantía decenal, según Parras.
Ariza apunta que «los materiales innovadores o no tradicionales pueden tener alguna dificultad a la hora de ser asegurados si no disponen de un documento de idoneidad técnica». Este informe se obtiene, tras la realización de ensayos con los nuevos productos; lo que supone para la promotora más gastos y retrasos.
No obstante, «lo que antes suponía problemas se ha convertido en una ventaja para nosotros y también para los ciudadanos, que han recuperado la confianza», señala Dones.
Para Emilio López, abogado de Gedeco, «es un servicio muy positivo, a pesar del encarecimiento de los costes».
Reportaje aparecido en el suplemento de "Su Vivienda" de www.elmundo.es
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