Los promotores denunciados por presunta estafa inmobiliaria en Elche presentaron ayer un recurso contra su ingreso provisional en prisión. A él se sumó el propio fiscal, que no se opone a la orden de cárcel, sino a que se establezca una fianza de 600.000 euros para cada uno de los dos imputados, según confirmaron fuentes judiciales. El acusador público estima que el pago de 60.000 euros por cada afectado debería ser suficiente para obtener la libertad provisional, tal y como él solicitó, en un principio, tras escuchar a las partes.
El recurso de reforma fue presentado en el Juzgado de Instrucción 1 de Elche, cuya titular decretó el pasado viernes el traslado al centro penitenciario de Fontcalent de dos ciudadanos belgas acusados de vender una promoción de chalés situada en suelo no urbanizable, en la zona ilicitana de la sierra de El Molar. La juez, tras evaluar los documentos y argumentaciones recibidas, deberá decidir en unos pocos días sobre esta cuestión.
Preguntada por este diario, la letrada de la mayoría de los perjudicados, la abogada María José Martínez Pérez, anticipó ayer que se opondrá a que los imputados salgan de prisión. Estima que el perjuicio para sus clientes ha sido muy elevado, ya que hicieron desembolsos que rondan los 300.000 euros por término medio y en un caso ya se ha demolido la propiedad. Otra pareja, representada por otro abogado, también vio como la pala echaba abajo su casa, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana emitiese sentencias en firme favorables al Ayuntamiento de Elche, que ya ha anunciado su intención de derribar todos los inmuebles de El Molar levantados sin autorización.
El asunto ha alcanzado repercusión internacional al ser recogido por los periódicos de mayor tirada de Holanda y Gran Bretaña. El tercer imputado por estos hechos, hijo de uno de los promotores encarcelados, permanece en libertad con cargos, sujeto a los requerimientos del juzgado
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