El anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda de Cataluña que ha elaborado la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda rebaja los supuestos que inicialmente contemplaba para expropiar pisos desocupados desde hace tiempo pero, a cambio, incorpora la posibilidad de alquiler forzoso.
El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, compareció hoy ante el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña para explicar las novedades de este anteproyecto, que la Generalitat tiene previsto aprobar en el último Consell Executiu de este mes de marzo.
Milà aseguró que los supuestos en los que se podían expropiar los pisos para poder venderlos, algo que provocó la oposición del PSC en el seno del propio tripartito catalán, 'quedan muy acotados' y se producirán en 'casos 'in extremis''.
De esta manera, la Generalitat sólo circunscribe la expropiación de la vivienda en aquellos casos en los que el propietario 'tenga el piso desocupado, en condiciones de especial degradación y en una situación que pueda poner en peligro la seguridad de las personas', explicó Milà.
Además, la posibilidad de expropiación del patrimonio sólo se contempla 'cuando se hayan agotado las vías de fomento y de tipo coercitivo' para garantizar la conservación y la rehabilitación de este tipo de viviendas, según el anteproyecto de ley.
También se permite la expropiación de aquellos piso de protección oficial que estén ocupados por personas que no son las beneficiarias, apuntó el conseller.
A cambio, el anteproyecto incorpora la figura de alquiler forzoso para aquellas viviendas desocupadas desde hace tiempo o que estén sobreocupadas y cuyos propietarios se hayan negado a aceptar las vías de fomento de la Generalitat para poner estos pisos en el mercado de alquiler.
Siguiendo el modelo alemán, la estrategia para llevar a cabo el alquiler forzoso será la expropiación del usufructo de la vivienda por un periodo determinado, durante el cual la Generalitat se encargará de alquilarla a otras personas.
La directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, aseguró que el hecho de que el Gobierno catalán haya introducido la posibilidad de expropiar el usufructo de la vivienda para su posterior alquiler da a la normativa 'un sentido pragmático y realista'.
Trilla reconoció que 'si finalmente se hubiera optado por la posibilidad de que la Generalitat expropiara estas viviendas, tendría que haberlas comprado a precio de mercado', por lo que la normativa habría sido 'papel mojado' ante la imposibilidad de la administración para afrontar esta carga económica.
Milà negó que la futura ley sea 'intervencionista' y aseguró que 'a la hora de hacer una autopista no se plantea la impugnación de una expropiación de vivienda y se hace como algo normal'. 'Nosotros planteamos esta posibilidad no sólo para el desarrollo económico del país, sino también para el desarrollo social'.
El conseller replicó así a las críticas del representante de Fomento de Trabajo, Eduardo de Paz, quien advirtió de que la normativa sea 'intervencionista', porque una 'expropiación siempre lesiona el derecho a la propiedad'. 'La intención es buena, pero habrá que hacer algunos retoques', advirtió.
Otra de las novedades que incorpora el anteproyecto respecto al primer borrador es que elimina la obligación de los ayuntamientos de reservar el 20% de las viviendas protegidas a personas de otras localidades, tras las quejas de los municipios.
No obstante, este aspecto 'se resolverá a través del plan territorial sectorial de la vivienda', que deberá aplicarse en un plazo máximo de un año después de la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, según Trilla.
La responsable de vivienda de la Generalitat defendió la necesidad de 'regular' este aspecto, ya que con la futura ley 'es imposible que los jóvenes de ciudades como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma puedan acceder a vivienda protegida', señaló.
'Los municipios de estos jóvenes tienen una capacidad limitada para generar tanta oferta de pisos sociales, por lo que este colectivo queda fuera de esta posibilidad', ya que 'no pueden ir a otras localidades', añadió.
El anteproyecto de ley prevé una calificación del suelo para construir vivienda oficial, con un mantenimiento de 'un mínimo de 30 años y un máximo de 90 años', algo que la representante del sindicato UGT, Eva Granados, consideró 'un gran error'.
'Ofreciendo el piso para 90 años se les dota de piso a afectados, hijos y nietos para toda la vida, sin posibilidad de movilidad geográfica' y 'tampoco de que el trabajador disponga de ahorros, ya que traslada su patrimonio a la vivienda pública', apuntó.
La Generalitat mantiene en el anteproyecto las medidas para luchar contra el 'mobbing' inmobiliario y los 'pisos patera'. Este último fenómeno, que afecta especialmente a los inmigrantes, precisará de la colaboración de los ayuntamientos a la hora de detectarlo y se establecerán sanciones.
El conseller advirtió de que dotar a la población de viviendas de protección oficial 'no es un derecho de la administración', sino 'un deber'. 'A la hora de beber agua, tenemos la posibilidad de usar agua embotellada o de beber del grifo, algo que no se cumple con el tema de la vivienda', precisó.
'El 40% de la población está excluida a la hora de acceder a un derecho básico como la vivienda, por lo que la obligación de la administración es ayudar a que pueda conseguirla y cumplir con este derecho básico', añadió.
El anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda de Cataluña que ha elaborado la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda rebaja los supuestos que inicialmente contemplaba para expropiar pisos desocupados desde hace tiempo pero, a cambio, incorpora la posibilidad de alquiler forzoso.
El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Salvador Milà, compareció hoy ante el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña para explicar las novedades de este anteproyecto, que la Generalitat tiene previsto aprobar en el último Consell Executiu de este mes de marzo.
Milà aseguró que los supuestos en los que se podían expropiar los pisos para poder venderlos, algo que provocó la oposición del PSC en el seno del propio tripartito catalán, 'quedan muy acotados' y se producirán en 'casos 'in extremis''.
De esta manera, la Generalitat sólo circunscribe la expropiación de la vivienda en aquellos casos en los que el propietario 'tenga el piso desocupado, en condiciones de especial degradación y en una situación que pueda poner en peligro la seguridad de las personas', explicó Milà.
Además, la posibilidad de expropiación del patrimonio sólo se contempla 'cuando se hayan agotado las vías de fomento y de tipo coercitivo' para garantizar la conservación y la rehabilitación de este tipo de viviendas, según el anteproyecto de ley.
También se permite la expropiación de aquellos piso de protección oficial que estén ocupados por personas que no son las beneficiarias, apuntó el conseller.
A cambio, el anteproyecto incorpora la figura de alquiler forzoso para aquellas viviendas desocupadas desde hace tiempo o que estén sobreocupadas y cuyos propietarios se hayan negado a aceptar las vías de fomento de la Generalitat para poner estos pisos en el mercado de alquiler.
Siguiendo el modelo alemán, la estrategia para llevar a cabo el alquiler forzoso será la expropiación del usufructo de la vivienda por un periodo determinado, durante el cual la Generalitat se encargará de alquilarla a otras personas.
La directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, aseguró que el hecho de que el Gobierno catalán haya introducido la posibilidad de expropiar el usufructo de la vivienda para su posterior alquiler da a la normativa 'un sentido pragmático y realista'.
Trilla reconoció que 'si finalmente se hubiera optado por la posibilidad de que la Generalitat expropiara estas viviendas, tendría que haberlas comprado a precio de mercado', por lo que la normativa habría sido 'papel mojado' ante la imposibilidad de la administración para afrontar esta carga económica.
Milà negó que la futura ley sea 'intervencionista' y aseguró que 'a la hora de hacer una autopista no se plantea la impugnación de una expropiación de vivienda y se hace como algo normal'. 'Nosotros planteamos esta posibilidad no sólo para el desarrollo económico del país, sino también para el desarrollo social'.
El conseller replicó así a las críticas del representante de Fomento de Trabajo, Eduardo de Paz, quien advirtió de que la normativa sea 'intervencionista', porque una 'expropiación siempre lesiona el derecho a la propiedad'. 'La intención es buena, pero habrá que hacer algunos retoques', advirtió.
Otra de las novedades que incorpora el anteproyecto respecto al primer borrador es que elimina la obligación de los ayuntamientos de reservar el 20% de las viviendas protegidas a personas de otras localidades, tras las quejas de los municipios.
No obstante, este aspecto 'se resolverá a través del plan territorial sectorial de la vivienda', que deberá aplicarse en un plazo máximo de un año después de la aprobación de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, según Trilla.
La responsable de vivienda de la Generalitat defendió la necesidad de 'regular' este aspecto, ya que con la futura ley 'es imposible que los jóvenes de ciudades como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma puedan acceder a vivienda protegida', señaló.
'Los municipios de estos jóvenes tienen una capacidad limitada para generar tanta oferta de pisos sociales, por lo que este colectivo queda fuera de esta posibilidad', ya que 'no pueden ir a otras localidades', añadió.
El anteproyecto de ley prevé una calificación del suelo para construir vivienda oficial, con un mantenimiento de 'un mínimo de 30 años y un máximo de 90 años', algo que la representante del sindicato UGT, Eva Granados, consideró 'un gran error'.
'Ofreciendo el piso para 90 años se les dota de piso a afectados, hijos y nietos para toda la vida, sin posibilidad de movilidad geográfica' y 'tampoco de que el trabajador disponga de ahorros, ya que traslada su patrimonio a la vivienda pública', apuntó.
La Generalitat mantiene en el anteproyecto las medidas para luchar contra el 'mobbing' inmobiliario y los 'pisos patera'. Este último fenómeno, que afecta especialmente a los inmigrantes, precisará de la colaboración de los ayuntamientos a la hora de detectarlo y se establecerán sanciones.
El conseller advirtió de que dotar a la población de viviendas de protección oficial 'no es un derecho de la administración', sino 'un deber'. 'A la hora de beber agua, tenemos la posibilidad de usar agua embotellada o de beber del grifo, algo que no se cumple con el tema de la vivienda', precisó.
'El 40% de la población está excluida a la hora de acceder a un derecho básico como la vivienda, por lo que la obligación de la administración es ayudar a que pueda conseguirla y cumplir con este derecho básico', añadió.
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