Más de 600 asociaciones, entre plataformas locales y organizaciones como 'Ecologistas en acción' o Greenpeace, han constituido la primera plataforma nacional contra la especulación urbanística bajo el nombre de 'Coordinadora por la Defensa del Territorio'.
El vicepresidente y portavoz de la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio, Jaime del Val, resaltó que lo que ocurre en Marbella "no es un caso aislado, sino que se extiende por toda la costa mediterránea", lo que pone de manifiesto "la precariedad de la democracia" en muchos sitios de España.
Del Val afirmó que "se ha constatado que la especulación urbanística es un problema de Estado, y uno de los más graves social, cultural y medioambientalmente". "Es una realidad que se desconoce, el objetivo de esta coordinadora es que se reconozca su gravedad", señaló.
Desde la coordinadora han anunciado que "se exigirá al Gobierno central, al Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales, que se ponga freno al desarrollo desaforado y destructivo que está acabando con el territorio". Del Val remarcó que, en principio, no quieren tomar medidas de carácter regional, sino aprovechar el "hecho histórico de que es la primera vez que se crea una asociación nacional para luchar contra la especulación urbanística, y conseguir ser visibles gracias a reuniones con representantes nacionales, como el presidente del Gobierno".
Del Val afirmó que la situación actual es "el mayor expolio social que haya vivido la democracia, pues se está transformando la sociedad, no al servicio del interés del ciudadano, sino al dictado de los intereses de las promotoras generando modelos de desigualdad social con ciudades desmembradas, hipotecando la vida del país".
De igual modo, describió esta situación como "expolio medioambiental, ya que no hay nada que tenga un impacto tan terrible, destruye todo el patrimonio y la identidad de los pueblos, los paisajes y las formas específicas de cada especie implantando un modelo estandarizado y globalizado".
Como ejemplo, hizo referencia a los planes urbanísticos del levante almeriense, que "si se concretan, se van a destruir 500 yacimientos arqueológicos que hay en una de las zonas más ricas de toda España".
Del Val apuntó a la necesidad de "exigir cambios en las leyes que permitan, como se ha hecho con la de violencia de género, una actuación rápida en los temas relacionados con el abuso urbanístico, porque la Justicia en este tema es lenta".
De igual modo, hizo hincapié en la elaboración de una ordenación del territorio, una moratoria de los planes generales de ordenación urbana en casos específicos donde haya un "desarrollo descontrolado".
En este sentido, denunció el modelo "ultraliberal" que existe y que "califica todo el suelo, por definición, de urbanizable". Es necesario "volver al modelo anterior, al europeo y abandonar el americano, que es el que se usa en España actualmente".
La junta directiva de la coordinadora la forman, de forma provisional y hasta su constitución definitiva como federación estatal, su presidenta, Bárbara Tomas, el vicepresidente y portavoz, Jaime del Val, y un segundo portavoz con los medios, Francisco Amorós.
Más de 600 asociaciones, entre plataformas locales y organizaciones como 'Ecologistas en acción' o Greenpeace, han constituido la primera plataforma nacional contra la especulación urbanística bajo el nombre de 'Coordinadora por la Defensa del Territorio'.
El vicepresidente y portavoz de la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio, Jaime del Val, resaltó que lo que ocurre en Marbella "no es un caso aislado, sino que se extiende por toda la costa mediterránea", lo que pone de manifiesto "la precariedad de la democracia" en muchos sitios de España.
Del Val afirmó que "se ha constatado que la especulación urbanística es un problema de Estado, y uno de los más graves social, cultural y medioambientalmente". "Es una realidad que se desconoce, el objetivo de esta coordinadora es que se reconozca su gravedad", señaló.
Desde la coordinadora han anunciado que "se exigirá al Gobierno central, al Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales, que se ponga freno al desarrollo desaforado y destructivo que está acabando con el territorio". Del Val remarcó que, en principio, no quieren tomar medidas de carácter regional, sino aprovechar el "hecho histórico de que es la primera vez que se crea una asociación nacional para luchar contra la especulación urbanística, y conseguir ser visibles gracias a reuniones con representantes nacionales, como el presidente del Gobierno".
Del Val afirmó que la situación actual es "el mayor expolio social que haya vivido la democracia, pues se está transformando la sociedad, no al servicio del interés del ciudadano, sino al dictado de los intereses de las promotoras generando modelos de desigualdad social con ciudades desmembradas, hipotecando la vida del país".
De igual modo, describió esta situación como "expolio medioambiental, ya que no hay nada que tenga un impacto tan terrible, destruye todo el patrimonio y la identidad de los pueblos, los paisajes y las formas específicas de cada especie implantando un modelo estandarizado y globalizado".
Como ejemplo, hizo referencia a los planes urbanísticos del levante almeriense, que "si se concretan, se van a destruir 500 yacimientos arqueológicos que hay en una de las zonas más ricas de toda España".
Del Val apuntó a la necesidad de "exigir cambios en las leyes que permitan, como se ha hecho con la de violencia de género, una actuación rápida en los temas relacionados con el abuso urbanístico, porque la Justicia en este tema es lenta".
De igual modo, hizo hincapié en la elaboración de una ordenación del territorio, una moratoria de los planes generales de ordenación urbana en casos específicos donde haya un "desarrollo descontrolado".
En este sentido, denunció el modelo "ultraliberal" que existe y que "califica todo el suelo, por definición, de urbanizable". Es necesario "volver al modelo anterior, al europeo y abandonar el americano, que es el que se usa en España actualmente".
La junta directiva de la coordinadora la forman, de forma provisional y hasta su constitución definitiva como federación estatal, su presidenta, Bárbara Tomas, el vicepresidente y portavoz, Jaime del Val, y un segundo portavoz con los medios, Francisco Amorós.
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