La licitación de obras de la administración central de Cataluña cae un 42,5%

La licitación de obras de la administración central de Cataluña cae un 42,5% La Cambra de Contractistes propone que las inversiones en Infraestructuras Públicas se planifiquen por períodos de seis años, fuera de los ciclos políticos

Las obras sacadas a licitación por las Administraciones Públicas, sus organismos y empresas, durante el primer trimestre de 2006, alcanzaron la cifra de 1.369 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% en términos corrientes y del 2,4% en términos reales (deducida la incidencia del incremento de los costes) respecto del mismo periodo de 2005.

Por tipo de obra, se licitaron 598,8 millones de euros de obras de Edificación y 770,2 millones de euros de obra Civil (Infraestructuras) que, respecto a las cifras del primer trimestre de 2005, suponen una variación del 5,2% en términos monetarios y del –0,4% en términos reales por la Edificación, mientras que la obra Civil aumentó un 13% en términos monetarios y un 4,9% en términos reales.

Por organismos destaca el fuerte descenso de la licitación de obras realizada por la Administración Central que, con 246,3 millones de euros en el primer trimestre de 2006, experimenta un retroceso del 42,5% en términos monetarios y del 46,2% en términos reales, respecto de 2005.

La Generalitat de Catalunya licitó 620,5 millones de euros en el primer trimestre de 2006, lo que implica un aumento del 16% en términos monetarios y del 8,6% en términos reales, respecto del mismo periodo de 2005.

Finalmente, las Corporaciones Locales experimentan una fuerte expansión. En el primer trimestre de 2006 licitaron obras por un total de 502,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 74,5% en términos monetarios y del 63,3% en términos reales, respecto del primer trimestre de 2005.

Incidencia del “ciclo político” en la licitación de obras públicas

Los efectos negativos del “ciclo político”, que genera altos y bajos muy pronunciados en la demanda pública de construcción en función del calendario electoral, quedan demostrados si analizamos la evolución, en términos reales, de la licitación del primer trimestre de los últimos cuatro años, según administraciones.

En el caso de las Administraciones Locales, las elecciones de primavera de 2003 provocaron que el primer trimestre de aquel año la licitación cayese un 30,4%. En el año 2004 volvió a caer un 6,8%. En el año 2005 se recuperó aumentando un 11,5%, para llegar a este año cuando el aumento ha llegado a los 63,3%. En otras palabras, en el 2006 se ha conseguido un nivel 118 en relación al nivel 100 de 2002, con un mínimo de 65 años en 2004.

La Generalitat realizó un nivel excepcional de licitación el primer trimestre del año 2003 (L9 del metro de Barcelona), por lo que en el primer trimestre de 2004 la licitación cayó un 67,8%. En el 2005 cayó un 9,9% y, finalmente, en 2006 ha aumentado un 8,6%. Las elecciones de otoño de 2003 hicieron que, si damos valor 100 a la licitación del primer trimestre de 2003, el 2006 se sitúa en un valor 32.

Las elecciones generales tuvieron lugar en primavera de 2004. En aquel año, la licitación en el primer trimestre de la Administración Central aumentó un 71,3%, después de haber aumentado un 108,2% en 2003. En 2005 creció un 3% pero en 2006 cayó un 46,2%. Si damos valor 100 a la licitación del primer trimestre de 2004, en el primer trimestre de 2006 se sitúa en un nivel 55, mientras que el nivel del primer trimestre de 2002 fue de 28.

La volatilidad del mercado de la obra pública perjudica al sector

La volatilidad e inestabilidad del mercado de la obra pública son muy negativas para el sector de la construcción ya que las bruscas oscilaciones de su principal cliente, el sector público, perjudican la estabilidad de las empresas, que se ven forzadas a adoptar medidas tendentes a la máxima flexibilidad, en lugar de políticas de inversión, formación de los trabajadores, introducción de innovaciones en los sistemas constructivos y métodos de gestión.

Por este motivo, la Cambra de Contractistes propone que las inversiones en Infraestructuras y Equipamientos de las Administraciones Públicas se planifiquen y consensúen por períodos de seis años, más allá del ciclo electoral, para poder dar una mayor estabilidad al mercado. Una vez planificadas las actuaciones a realizar, hace falta que se publique, a inicios de cada ejercicio, la programación de las obras a contratar en el año. En opinión de la CCOC, ya es hora de que las administraciones públicas dejen de enredar con sus inversiones.