El anteproyecto garantizará el derecho a una vivienda digna, fomentará la vivienda protegida, amparará legalmente la situación de los desalojados y perseguirá la especulación con duras sanciones,
El consejero de Vivienda, Antonino Burgos, presentó ayer el texto, que entrará en vigor a finales de este año o principios de 2007 y que surge de «un amplio consenso de todos los sectores». La ley regulará el proceso de construcción, venta y postventa de viviendas, además de los arrendamientos, las viviendas de protección pública y el régimen de sanción e inspección.
También fomentará la construcción de viviendas para las rentas más bajas y garantizará la edificación de viviendas de calidad y seguridad integradas en el entorno. Según Burgos, su pilar básico se encuentra en la «protección al ciudadano, que es la parte débil» en la compra-venta de una vivienda. En este sentido, la ley luchará especialmente contra la especulación y los abusos engañosos en el proceso de edificación. Para ello, establece multas que oscilan entre los 3.000 euros de los casos leves y los 300.000 para los más graves, además de un apartado específico para casos «sangrantes» de especulación -como la construcción de viviendas en terrenos destinados a otros usos- y que se concreta con una sanción «que superará el 20 por ciento de los beneficios obtenidos por la actividad ilegal», aparte de la correspondiente multa que conlleve este tipo de infracciones.
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