La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) mostró su "más enérgico" rechazo a la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, al considerar que supone una limitación en la libertad de la actividad económica de más de 300.000 autónomas. Mientras que, la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa) hizo un emplazamiento serio y urgente al conjunto de los grupos parlamentarios para que propongan enmiendas con el fin de modificar la proposición de ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
ATA señala que según esta proposición, que se aprobó esta semana en el Congreso de los Diputados, el trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados, ni a una empresa subcontratista, ni a otros trabajadores autónomos.
Esta medida constituye, según ATA, una "evidente inconstitucionalidad", ya que la contratación y subcontratación de obras y servicios es una expresión de la libertad de empresa, que reconoce la Constitución en su artículo 38.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera esta propuesta "absurda y negativa".
Destaca que rompe el principio de igualdad ante la ley y discrimina directamente a los autónomos de la construcción, frente a aquellos que ejercen otra actividad económica.
Por otro lado, Asnepa destaca que de prosperar el texto, aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados, esta proposición de ley será "gravemente discriminatoria y lesiva" para el colectivo de profesionales autónomos presente en un sector clave en España como es el de la construcción.
El secretario general de Asnepa, Pedro Mezquida, indicó que la proposición de ley pretende mejorar las condiciones de seguridad laboral de los trabajadores de este sector, pero "criminaliza de alguna manera a los pequeños empresarios autónomos, al impedirles que puedan subcontratar servicios en las obras, lo cual es tremendamente discriminatorio ante la total libertad que se otorga a las grandes empresas constructoras del país".
Asnepa considera un "grave error" el planteamiento de este aspecto en esta proposición de ley y manifiesta que ello es fruto, de adoptar iniciativas legislativas "a espaldas de los intereses del colectivo autónomo", formado por tres millones de profesionales en España.
Esto conlleva que, según esta patronal, "no se tenga en cuenta la opinión de las organizaciones representativas del colectivo y se puedan aprobar leyes que supongan el fin de muchas pequeñas empresas y el paro para miles de trabajadores".
A juicio de Mezquida, cuando se producen graves accidentes la responsabilidad no es del pequeño profesional autónomo, sino de las grandes empresas del sector.
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